El COCOBU (una abreviatura del Comité de Control Presupuestario) en el Parlamento y la OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude) en la Comisión han trabajado desde entonces para evitar que algo así pudiera volver a producirse, o que si algo así sucediera, no tuviese los mismos efectos devastadores en la política comunitaria.
En el Parlamento, la fuente más frecuente de casos de infraccciones, éstas están relacionadas con el hecho de que los eurodiputados disponen de más de 14.000 euros al mes de libre disposición para pagar asistentes y actividades relacionadas con su función.
No han sido pocos los eurodiputados que habían contratado como asistentes a familiares o amigos. La acumulación de casos de uso injustificado de las dietas y los gastos de libre disposición han forzado a la eurocámara a cambiar las reglas para que en la próxima legislatura esté prohibido contratar a familiares. Además, los gastos de asistentes tendrán que hacerse a través de instituciones bancarias.
Las corruptelas de medio pelo, como la del diputado polaco que fue denunciado por una prostituta belga porque no le pagó por sus servicios, o la de un funcionario griego de la Comisión que se sacaba un sobresueldo precisamente ofreciendo el tipo de servicios que demandaba el polaco, no han pasado de las páginas de sucesos.
Sin embargo, los gastos de los diputados siguen siendo el Talón de Aquiles. Y si no que se lo pregunten a Nigel Farage, líder del Partido Nacionalista Británico, campeón del euroescepticismo que esperaba beneficiarse del desprestigio de los partidos tradicionales tras los recientes escándalos sobre los gastos de los miembros de la Cámara de los Comunes. Cuando le han preguntado si podría justificar sus gastos como eurodiputado, Farage se ha quedado mudo: “No, no puedo”.